El 8 de abril de 2008, en la ex-Unidad 9 del Servicio Penitenciario Federal de Neuquén, Argentino Pelozo Iturri fue golpeado por personal penitenciario y murió como consecuencia de las lesiones. Algunos agentes y el personal médico no detuvieron ni denunciaron lo ocurrido y participaron en un intento de encubrir el hecho, haciendo parecer que la muerte había sido natural.
En esta resolución, La Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal, después de haber revisado las condenas impuestas a los responsables, confirmó las penas de prisión efectiva para los agentes penitenciarios que fueron considerados responsables por no impedir las torturas, encubrir los hechos y omitir su denuncia. Las condenas fueron de entre 3 y 4 años y 8 meses de prisión.
En el caso del médico y del enfermero, la Cámara consideró que las penas no estaban suficientemente fundamentadas y decidió reducirlas. Al médico le impuso 2 años y 6 meses de prisión en suspenso y al enfermero 2 años de prisión en suspenso, además de las correspondientes inhabilitaciones.