El 6 de febrero de 1993, en Lima, Perú, miembros de la DINCOTE detuvieron sin orden judicial a María Elena Loayza Tamayo. Durante su detención ilegal, fue incomunicada y sometida a torturas físicas y psíquicas, incluyendo amenazas de ahogamiento y violencia sexual, con el fin de obtener una autoinculpación por terrorismo. La Corte declaró la responsabilidad internacional del Estado peruano por la violación de derechos a la libertad, integridad y garantías judiciales, ordenando su inmediata libertad e indemnización.
Sentencia que declara la inconstitucionalidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. El caso trata sobre el secuestro y torturas de José Poblete y Gertrudis Hlaczik en 1978, quienes permanecieron desaparecidos tras su paso por el CCD "El Olimpo". La Corte confirma el procesamiento de Julio Simón como miembro de la PFA e integrante del sistema represivo.
El 26 de febrero de 1996, en la localidad de Villa Ballester, el sargento de la policía provincial Juan Carlos Sosa detuvo a tres personas y les exigió dinero para no trasladarlas a la seccional. Ante la negativa, las víctimas fueron llevadas a la Comisaría de San Martín Segunda, donde Sosa las obligó a desnudarse mientras eran filmadas y fotografiadas de forma humillante. La Cámara de Casación confirmó la condena de Sosa a cuatro años de prisión por los delitos de concusión, vejaciones y falsedad ideológica.
Resolución de competencia en denuncia contra la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por ordenar un operativo de la PFA en el Congreso donde se ejerció violencia contra manifestantes. La CSJN declara la competencia del Juzgado Federal n° 8 por tratarse de una investigación sobre la conducta de una ministra nacional en ejercicio de sus funciones.
Contienda de competencia por agresiones y tormentos cometidos por un sargento y un cabo de Gendarmería contra dos civiles en un control vehicular en la intersección de rutas 325 y 38 (22/06/2022). La CSJN asigna la causa a la justicia provincial de Monteros al considerar que los agentes estaban fuera de servicio y no cumplían funciones federales.
El Tribunal Superior de Justicia de CABA resolvió un conflicto de competencia en una causa que investiga presuntos apremios ilegales cometidos por personal de la Comisaría 11. Los hechos fueron denunciados por un imputado durante su declaración indagatoria. Por razones de economía procesal y para evitar sentencias contradictorias, se declaró la competencia del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional nº 61, que ya tramitaba la causa principal vinculada a los hechos.
El Superior Tribunal de Justicia de Corrientes rechazó el recurso de casación impuesto contra la sentencia que condena a Laura Alicia Romero a dos años y seis meses de prisión por vejaciones contra Exequiel Bernal, confirmandola en estos términos. El hecho ocurrió en la Comisaría de Curuzú Cuatiá en 2016, donde la funcionaria policial agredió físicamente al detenido con golpes en la cara y amenazas mientras este se encontraba bajo custodia. Se consideró que la imputada abusó de la función pública para humillar y mortificar a la víctima con prescindencia de cualquier móvil legal.
La Cámara Federal de Casación Penal resolvió recursos contra la sentencia que condenó y absolivó a exmilitares, policías y magistrados por crímenes de lesa humanidad en Mendoza durante la dictadura. Los hechos incluyeron privaciones ilegales de la libertad, tormentos y homicidios contra más de 60 víctimas. Se confirmaron condenas de prisión perpetua para numerosos imputados, incluyendo exjueces y fiscales considerados partícipes primarios por garantizar la impunidad de los represores mediante la omisión de investigar denuncias, ademas re haberse revocado varias absoluciones reenviando el expediente al organismo de origen para que se realice un nuevo juicio.
En Neuquén, se analizó la responsabilidad estatal por un presunto uso desproporcionado de la fuerza contra el Sr. Almonacid al ingresar a un calabozo. El Tribunal evaluó si las lesiones, incluyendo una fractura de peroné, fueron producidas durante el evento o con anterioridad. Ante la falta de pruebas que permitieran afirmar que las lesiones ocurrieron el día del hecho, se revocó la sentencia de primera instancia y se rechazó la demanda incoada por el Sr. Almonacid contra la Provincia de Neuquén. .
Un joven se dirigió a un kiosco que estaba cerca de su casa. Frente al lugar, se encontraba un policía vestido de civil junto a otras personas y comenzaron a tirarle piedras al joven. Entonces, volvió a su casa y le pidió a su hermano que lo acompañara para hablar con los agresores. En ese momento, el policía le dijo “ya te vamos a agarrar a vos” y arribó una camioneta de la policía de la provincia de Corrientes con dos oficiales a bordo. El joven comenzó a correr, mientras el móvil policial lo siguió hasta alcanzarlo en el fondo de un terreno. En ese contexto, los policías aprehendieron al joven y le propinaron una golpiza. Luego, debido a que le sangraba la nariz, los agentes lo subieron a la camioneta y lo trasladaron a un hospital. En el lugar, fue atendido y permaneció internado durante ese día. El médico que lo atendió elaboró un informe en el que constató la existencia de lesiones. Por ese hecho, los funcionarios policiales que se encontraban en servicio fueron imputados por el delito de apremios ilegales. Durante la etapa de instrucción, el policía que se encontraba de civil fue sobreseído por prescripción de la acción penal del delito de lesiones leves.