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C., J. P. s/ Privación libertad, torturas, abuso sexual

Expediente: 2321/2019
Fecha de sentencia: 2019-11-28
Órgano jurisdiccional decisor: Tribunal en lo Criminal N° 2 (Jujuy)
Resumen:

El Tribunal en lo Criminal Nº 2 de Jujuy condenó a J. P. C. a dieciocho años de prisión como autor material y responsable de los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada, imposición de torturas y abuso sexual con acceso carnal, en concurso real, previstos en los arts. 142 bis, 144 ter, apartado 1, último párrafo, 119, tercer párrafo, y 55 del Código Penal. El tribunal tuvo por acreditado que el imputado interceptó a quien había sido su pareja, la introdujo por la fuerza en un automóvil y la trasladó hasta su domicilio, donde la mantuvo privada de su libertad durante aproximadamente una semana. Durante ese período la sometió a golpes, ataduras, agresiones con un martillo y un elemento punzante, quemaduras en la región genital, rasurado compulsivo del cabello y reiterados accesos carnales contra su voluntad. Las agresiones tuvieron, entre otras finalidades, obtener de la víctima la confesión de una supuesta infidelidad, castigarla por ella y ejercer dominio sobre su persona.

Para acreditar los hechos, el tribunal valoró de manera conjunta la declaración de la víctima y los restantes elementos objetivos incorporados al debate. Consideró que su relato fue detallado y encontró corroboración en el examen médico, que constató numerosas lesiones de distinta naturaleza y evolución, entre ellas hematomas, lesiones compatibles con ataduras, heridas producidas por elementos romos y punzantes, quemaduras en la zona paragenital y pérdida traumática de cabello. También ponderó el hallazgo, en la habitación del imputado, de elementos coincidentes con los descriptos por la víctima —entre ellos un martillo metálico, un elemento tipo punzón, un encendedor y un cordón atado al respaldo de la cama—, así como la presencia de semen en los hisopos vaginales y las evaluaciones psicológicas practicadas. A partir de una valoración integral y no fragmentaria de esos indicios, concluyó que existía una correspondencia sustancial entre el relato de la víctima y la prueba objetiva.

El tribunal aplicó asimismo una perspectiva de género para valorar la conducta de la víctima durante el período de privación de libertad. Rechazó que el hecho de que en determinados momentos pudiera desplazarse dentro de la vivienda, realizar algunas actividades o incluso efectuar compras permitiera inferir que permanecía allí voluntariamente. Consideró acreditado un contexto previo y contemporáneo de violencia, sometimiento, subordinación, humillación y dominio, y entendió que la actitud aparentemente condescendiente de la víctima constituyó una estrategia destinada a disminuir las agresiones, ganar la confianza del imputado y encontrar una oportunidad segura para escapar. En esa valoración también tuvo en cuenta que los familiares convivientes del acusado no le prestaron auxilio pese a sus pedidos y que la evaluación psicológica había identificado en la víctima un alto umbral de tolerancia a la agresión y mecanismos de sobreadaptación frente a situaciones violentas.

En relación específicamente con el delito de torturas, el tribunal interpretó el art. 144 ter del Código Penal en vinculación con el concepto contenido en la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Señaló que, aunque la definición convencional se refiere a conductas ejecutadas por funcionarios públicos, el segundo párrafo del apartado 1 del art. 144 ter extiende expresamente la misma respuesta punitiva a los particulares que impongan torturas a personas legítima o ilegítimamente privadas de su libertad. En consecuencia, entendió que el tipo penal puede ser cometido por un particular siempre que concurra el presupuesto objetivo de que la víctima se encuentre privada de su libertad.

El tribunal consideró configurada la imposición de torturas porque, mientras la víctima se encontraba ilegítimamente privada de su libertad, el imputado le infligió deliberadamente graves sufrimientos físicos y psíquicos mediante golpes reiterados, martillazos, aplicación de un elemento punzante en el rostro, quemaduras en la región genital y el rasurado forzado de su cabello. Tales actos no fueron considerados simples lesiones, sino torturas en sentido penal, atendiendo tanto a su intensidad y modalidad como a la finalidad perseguida. En particular, se tuvo por probado que el acusado buscaba obtener de la víctima la admisión de una supuesta infidelidad y castigarla por ella, satisfaciendo de ese modo el componente finalista exigido para la figura.

Por ello, el tribunal rechazó la pretensión de la defensa de subsumir los hechos únicamente en el delito de lesiones en contexto de violencia de género. Consideró que esa calificación resultaba insuficiente frente a una conducta más compleja y grave, caracterizada por la privación de libertad, la utilización de sufrimientos físicos y psíquicos con una finalidad determinada y los reiterados abusos sexuales. Destacó que el imputado no se limitó a lesionar a la víctima, sino que creó y mantuvo un contexto de cautiverio y ejerció sobre ella un dominio físico, psicológico y sexual dirigido a obtener una confesión, castigarla y reafirmar su control sobre su cuerpo. Finalmente, impuso la pena de dieciocho años de prisión, valorando especialmente la modalidad de ejecución, la duración del cautiverio, la intensidad del sometimiento físico y psicológico, el daño ocasionado a la víctima y el grado de culpabilidad evidenciado en la ejecución de los hechos.

Provincia: Jujuy
Tipo de sentencia: Sentencia Definitiva
Órgano jurisdiccional: Organismos de primera y segunda instancia
Tipo penal: Tortura (Art. 144 ter)
Institución involucrada: Otros agentes estatales
Sentencia condenatoria Tortura física Violencia Sexual

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