Entre 1976 y 1977, en Paraná y Concordia (Entre Ríos), diversas víctimas fueron privadas ilegalmente de su libertad y sometidas a tormentos en unidades militares, dependencias policiales y cárceles por fuerzas conjuntas del Ejército, la Fuerza Aérea, Policías y el Servicio Penitenciario Provincial en el marco de un plan sistemático de represión. Los imputados, quienes se desempeñaban como auditores militares, directores de unidades penales, jefes de regimiento y médicos, participaron en la consumación de estos delitos de lesa humanidad y genocidio. El tribunal condenó a Appelhans y Dasso a prisión perpetua, y a Appiani, Moyano, Bidinost, López Belsue, Rivas y Quintana a penas de entre 5 y 13 años de prisión por privación ilegítima de la libertad, tortura, vejaciones, severidades, apremios ilegales y homicidio doblemente calificado.