Integrantes de la sección requisa del Penal de Ezeiza sometieron a torturas físicas a los internos L.M.M. y C.D.N. en diciembre de 2007. Tras la golpiza, los agentes obligaron a elaborar certificados médicos falsos que omitían las lesiones. El tribunal revocó absoluciones previas y condenó a los funcionarios involucrados, incluyendo jefes de turno, con penas de hasta 9 años de prisión.