Entre 1976 y 1979, en diversas localidades de la Provincia de Buenos Aires (La Plata, City Bell, Ensenada), Miguel Osvaldo Etchecolatz, como Director General de Investigaciones de la Policía Bonaerense, integró un aparato organizado de poder dedicado al exterminio de opositores políticos. Se acreditaron secuestros, aplicaciones de tormentos mediante picana eléctrica y ejecuciones alevosas en perjuicio de Nilda Eloy, Jorge Julio López, Diana Teruggi, Patricia Dell’Orto, Ambrosio de Marco, Nora Formiga, Elena Arce Sahores y Margarita Delgado, operando en centros clandestinos como Arana, el Pozo de Quilmes y La Cacha. El Tribunal dictó sentencia condenatoria imponiendo la pena de reclusión perpetua e inhabilitación absoluta perpetua por crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco de un genocidio.