Se interpuso una acción colectiva contra la Policía de la Ciudad por mantener a detenidos permanentemente esposados en comisarías debido a la falta de espacio en calabozos. El tribunal dictó la prohibición de esta práctica por considerarla un agravamiento ilegítimo de la detención que afecta la dignidad humana. Las autoridades policiales se comprometieron a emitir directivas para erradicar el uso sistemático de esposas en alojamiento.