Entre 1976 y 1983, en el centro clandestino de detención que funcionó en la Brigada de Investigaciones de San Justo (Buenos Aires), operó un aparato represivo integrado por la Policía Bonaerense y el Destacamento de Inteligencia 101 del Ejército. Se cometieron privaciones ilegales de la libertad, torturas y agresiones sexuales contra numerosos civiles por motivos políticos. El tribunal condenó a Jaime Lamont Smart, Miguel Etchecolatz y otros exfuncionarios a las penas de prisión perpetua e inhabilitación absoluta por resultar coautores de crímenes de lesa humanidad en el marco de un genocidio.