La Corte Suprema analizó la responsabilidad del ex general Ramón Camps y otros militares por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura. El fallo abordó la aplicación de la Ley de Obediencia Debida (23.521) y determinó que, si bien existía una presunción de no punibilidad para subordinados, la tortura y los tratos inhumanos constituyen violaciones que el derecho de gentes obliga a sancionar, analizando el deber de los agentes frente a órdenes ilícitas.