En abril de 1998, el STJ de Entre Ríos casó una resolución previa y condenó a 11 años de prisión al policía Aranaz y al particular Puigarnau por torturas contra una víctima de apellido Cejas. Los autores privaron ilegalmente de la libertad a la víctima simulando autoridad, la trasladaron en un vehículo oficial y le infligieron golpes con un palo y disparos a corta distancia con el fin de causar padecimientos graves.