Violencia de género, privación ilegal de la libertad y padecimientos físicos y psíquicos sistemáticos perpetrados en perjuicio de la víctima, la señorita M. J. A., quien mantenía una relación de ex pareja con el imputado J. P. C.. Los acontecimientos se desencadenaron en el contexto del traslado forzado de la víctima hacia la vivienda familiar donde residía el grupo familiar primario del imputado J. P. C..
Una vez alojada en dicho inmueble, la víctima M. J. A. fue privada de su libertad de locomoción de manera coactiva y clandestina. Las partes acusadoras (Fiscalía y querella) probaron que la joven permaneció cautiva en contra de su voluntad en la habitación del encartado.
Durante el transcurso del cautiverio, J. P. C. sometió a la víctima a agresiones físicas brutales y sistemáticas que afectaron severamente su integridad corporal. El imputado, valiéndose de su superioridad física y del aislamiento en que se encontraba la joven, le infligió múltiples golpes y padecimientos contusos.
Asimismo, en el marco de este encierro forzado, el procesado consumó reiterados abusos sexuales mediante el empleo de violencia física e intimidación psicológica, configurándose el delito de abuso sexual con acceso carnal en reiteradas oportunidades.
Durante el debate oral, la defensa técnica de J. P. C. admitió expresamente la existencia histórica de las lesiones físicas constatadas en el cuerpo de la damnificada, así como la autoría de su defendido respecto de tales agresiones. No obstante, centró su estrategia de descargo en alegar que los hechos se produjeron en un contexto interrelacional consensual diferente al postulado por la acusación pública y privada, pretendiendo desvirtuar los cargos de privación de libertad y abuso sexual mediante la justificación de una supuesta convivencia voluntaria de la víctima en el hogar.
Calificación Legal Imputada: Autor penalmente responsable de los delitos de Privación ilegítima de la libertad agravada en concurso real con Imposición de torturas y Abuso sexual con acceso carnal, bajo las reglas de la coautoría y la acumulación material de penas (Artículos 45, 55, 119 tercer párrafo, 144 bis inciso 1 y 144 ter del Código Penal Argentino). El encuadre de la tortura en este caso resulta de singular relevancia dogmática al tratarse de un sujeto activo particular (no estatal) juzgado bajo las previsiones específicas de tormentos del catálogo punitivo.
La prueba se constituye con la declaración testimonial de la denunciante, la admisión de las lesiones por parte de la defensa, los informes periciales psicológicos de la Licenciada Zamar y la inexistencia de testigos directos ajenos al círculo del agresor
Se rechaza el recurso de casación interpuesto por la defensa particular de J. P. C. y se confirma la sentencia de fecha 28 de noviembre de 2019 en lo atinente a la declaración de culpabilidad y la materialidad de los delitos atribuidos.
Ver sentencia fecha 28 de noviembre de 2019: https://opcat.mecanismoslocales.site/?post_type=sentencias&p=1167&preview=true