El 25 de septiembre de 1990, Bernabé Baldeón García, campesino de 68 años, fue detenido por el Ejército en Ayacucho. Fue trasladado a una iglesia donde fue sometido a torturas (golpes y sumersión en agua), falleciendo por las lesiones. El Estado reconoció parcialmente su responsabilidad. La Corte declaró la violación de los derechos a la vida, integridad personal y la libertad, ademas del incumplimiento de la obligación de investigar y sancionar la tortura, destacando la impunidad imperante por más de 15 años. La Corte dipone que el estado debe emprender todas las acciones necesarias para identificar, juzgar y sancionar a todos los autores materiales e intelectuales de las violaciones cometidas contra la víctima.