El 3 de noviembre de 1991, agentes del destacamento militar Grupo Colina irrumpieron en una vivienda en Barrios Altos, Lima, disparando contra los asistentes a una reunión social, asesinando a 15 personas e hiriendo a 4. El Estado promulgó leyes de amnistía para garantizar la impunidad. La Corte aceptó el reconocimiento de responsabilidad y declaró la nulidad de dichas leyes por ser incompatibles con la Convención Americana, ordenando investigar y sancionar a los responsables.