El 6 de febrero de 1993, Luis Alberto Cantoral Benavides fue detenido ilegalmente por la DINCOTE en Lima. Fue sometido a torturas físicas y psíquicas, exhibido públicamente como terrorista y procesado injustamente por jueces sin rostro tanto en el fuero militar como en el civil. La Corte declaró la responsabilidad del Estado por tortura y violación de garantías judiciales, ordenando una investigación para sancionar a los responsables y reparar los daños causados.