En 1989, tras protestas sociales en Caracas, las fuerzas de seguridad estatales hicieron un uso excesivo de la fuerza, resultando en masacres, desapariciones y torturas. El Estado reconoció su responsabilidad internacional. En esta sentencia de reparaciones, la Corte analizó la impunidad y el ocultamiento de cadáveres en fosas comunes. Se ordenó al Estado realizar una investigación efectiva, identificar y entregar restos mortales y pagar indemnizaciones a los familiares.