Francisco Fairén Garbi y Yolanda Solís Corrales desaparecieron tras ingresar a Honduras en diciembre de 1981 en un contexto de práctica sistemática de desapariciones forzadas. La Comisión denunció la violación de derechos a la vida e integridad personal. En esta etapa procesal, el Estado alegó falta de agotamiento de recursos internos. La Corte desestimó las excepciones preliminares y ordenó unir el examen de los recursos internos a la cuestión de fondo para determinar su efectividad.