El 9 de julio de 1992, Santiago Gómez Palomino fue detenido y desaparecido forzadamente por agentes del destacamento Grupo Colina en Lima, en un contexto de práctica sistemática de desapariciones. El Estado reconoció su responsabilidad. La Corte declaró la violación de los derechos a la libertad, integridad y vida, señalando que la tipificación interna del delito era deficiente. Ordenó investigar el paradero, sancionar a los responsables y reformar la legislación penal.