En julio de 1992, Maritza Urrutia García fue secuestrada y retenida ilegalmente durante ocho días por agentes estatales en un centro clandestino. Fue sometida a interrogatorios bajo tortura psíquica y coaccionada para grabar un video autoincriminatorio difundido en televisión. El Estado reconoció su responsabilidad. La Corte declaró la violación de los derechos a la libertad e integridad personal, ordenando investigar efectivamente los hechos y sancionar a los culpables.