El 28 de abril de 1991, Jeremías Osorio Rivera fue detenido por el Ejército en Nunumia y trasladado a una base militar, tras lo cual desapareció. El Estado negó el hecho alegando una supuesta liberación. Las investigaciones internas absolvieron al único procesado por duda razonable. La Corte concluyó que el Estado es responsable por la desaparición forzada, la falta de debida diligencia procesal y la tipificación inadecuada del delito en la ley peruana.