El caso trata sobre las desapariciones forzadas de cinco personas ocurridas entre 1984 y 1992 en un contexto de práctica sistemática estatal en Perú. Las investigaciones internas fueron ineficaces, con retardos extremos y falta de determinación de paraderos. La Corte declaró la responsabilidad del Estado por las desapariciones y la violación de garantías judiciales, ordenando extremar esfuerzos de búsqueda y concluir los procesos penales en plazos razonables.