El ciudadano francés Daniel Tibi fue detenido ilegalmente en 1995 en Guayaquil. Permaneció 28 meses preso sin sentencia en condiciones infrahumanas, siendo sometido a torturas físicas por agentes policiales para obligarlo a confesar delitos de narcotráfico. La Corte declaró la responsabilidad del Estado por tortura y violación de la libertad personal, ordenando investigar a los autores y capacitar al personal judicial y policial.