El 12 de septiembre de 1981, Manfredo Velásquez fue secuestrado por agentes militares en Tegucigalpa, torturado y desaparecido en el marco de una práctica estatal sistemática. Fue la primera sentencia de fondo de la Corte IDH, que estableció la responsabilidad del Estado por no garantizar los derechos a la vida y libertad, determinando que la desaparición forzada violaba la Convención Americana. Se ordenó el pago de indemnización a los deudos.