Damião Ximenes Lopes, quien padecía una discapacidad mental, falleció tras ser sometido a torturas y condiciones inhumanas en una clínica psiquiátrica privada bajo convenio con el sistema público de salud. El Estado reconoció su responsabilidad por la violación a la integridad personal. La Corte dictaminó que el Estado falló en su deber de supervisión y en la investigación diligente de los maltratos, ordenando reparaciones y formación especializada para el personal de salud.