En diciembre de 1986, la Corte Suprema confirmó las condenas del juicio a las Juntas Militares por crímenes de lesa humanidad. El máximo tribunal ratificó la materialidad de los hechos (privaciones de libertad, tormentos y homicidios) y el plan criminal, pero modificó la calificación legal de la participación de los comandantes, considerándolos partícipes necesarios en lugar de autores mediatos, manteniendo las penas impuestas originalmente.