Incidente sobre la prescripción de la acción penal contra el Alcaide Rubén Darío Herrera por omisión de vigilancia y falsedad ideológica en relación a torturas sufridas por el interno Walter Omar Benítez en el Complejo Penitenciario de Ezeiza en noviembre de 2001. La Cámara confirmó el rechazo de la prescripción por la suspensión del plazo derivada del ejercicio de cargos públicos y por la naturaleza imprescriptible de la tortura como crimen de derecho de gentes.