El 6 de febrero de 1993, en Lima, Perú, miembros de la DINCOTE detuvieron sin orden judicial a María Elena Loayza Tamayo. Durante su detención ilegal, fue incomunicada y sometida a torturas físicas y psíquicas, incluyendo amenazas de ahogamiento y violencia sexual, con el fin de obtener una autoinculpación por terrorismo. La Corte declaró la responsabilidad internacional del Estado peruano por la violación de derechos a la libertad, integridad y garantías judiciales, ordenando su inmediata libertad e indemnización.