El 28 de marzo de 2011, la Procuración General dictaminó por la improcedencia de recursos contra la condena de efectivos de la PFA por tormentos. En septiembre de 2002, Gastón Somohano, Alfredo Fornasari y Gabriel Barrionuevo privaron de la libertad a tres jóvenes y los obligaron a arrojarse al Riachuelo bajo amenaza de muerte. Ezequiel Demonty murió por asfixia por sumersión. La justicia calificó el trato como inhumano y cruel, confirmando penas de prisión perpetua para los ejecutores.