En el marco de una acción de habeas corpus colectivo interpuesta en 2001 por el CELS, se denunció el agravamiento de las condiciones de detención y el hacinamiento extremo en comisarías y cárceles de la Provincia de Buenos Aires, donde el cupo de plazas era excedido en casi un 300%. Los detenidos permanecían en calabozos deplorables, sin higiene, luz natural ni mobiliario, lo que generaba violencia y riesgo sanitario. La Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó el rechazo de las instancias provinciales y reconoció la validez del habeas corpus colectivo para proteger derechos de incidencia colectiva. Resolvió ordenar el cese de detención de menores y enfermos en comisarías en un plazo de 60 días, exigió informes detallados sobre las condiciones de las celdas y exhortó a los poderes ejecutivo y legislativo provinciales a reformar las leyes de prisión preventiva y ejecución penal para adecuarlas a estándares constitucionales e internacionales.