La Corte Suprema rechazó las excepciones de cosa juzgada y falta de jurisdicción interpuestas por Jorge Rafael Videla en la causa por apropiación de menores durante la dictadura. Determinó que estos hechos son delitos autónomos de ejecución permanente (desaparición forzada) que no fueron objeto de persecución en el Juicio a las Juntas (Causa 13/84). Asimismo, ratificó la competencia de la justicia federal civil sobre la militar basándose en tratados internacionales de derechos humanos.