El 8 de abril de 2008, en la ex-Unidad 9 del Servicio Penitenciario Federal de Neuquén, Argentino Pelozo Iturri fue golpeado por personal penitenciario y murió como consecuencia de las lesiones. Algunos agentes y el personal médico no detuvieron ni denunciaron lo ocurrido y participaron en un intento de encubrir el hecho, haciendo parecer que la muerte había sido natural.
En esta resolución, La Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal, después de haber revisado las condenas impuestas a los responsables, confirmó las penas de prisión efectiva para los agentes penitenciarios que fueron considerados responsables por no impedir las torturas, encubrir los hechos y omitir su denuncia. Las condenas fueron de entre 3 y 4 años y 8 meses de prisión.
En el caso del médico y del enfermero, la Cámara consideró que las penas no estaban suficientemente fundamentadas y decidió reducirlas. Al médico le impuso 2 años y 6 meses de prisión en suspenso y al enfermero 2 años de prisión en suspenso, además de las correspondientes inhabilitaciones.
El 26 de febrero de 2022, en la localidad de la provincia del Chaco, Leandro Fabricio Bravo fue intervenido por personal policial luego de un episodio ocurrido en la vía pública. La causa investigó hechos atribuidos a integrantes de la Policía Provincial, entre ellos Alexis Jesús Fleitas Noguera, Enzo Matías Gómez, Franco Daniel Sosa y Carlos Agustín Díaz, vinculados con la detención, traslado y posterior fallecimiento de la víctima. La Cámara en lo Criminal de la Cuarta Circunscripción Judicial había dictado la absolución de Alexis Jesús Fleitas Noguera respecto de los delitos de tortura seguida de muerte y falsedad ideológica mediante Sentencia Nº 148 de fecha 12 de noviembre de 2024. El Superior Tribunal de Justicia hizo lugar a los recursos de casación interpuestos por la familia de Leandro Bravo y por el Comité de Prevención de la Tortura, declaró la nulidad de dicha sentencia y del debate previo, y ordenó el reenvío para la realización de un nuevo juicio con distinta integración del tribunal.
Un grupo de prefectos de la Gendarmería Nacional son condenados como coautores por los delitos de vejaciones y apremios ilegales agravados por amenazas y violencia con pena cuyo cumplimiento queda en suspenso, tras la participación en dos hechos independientes en la vía pública realizando procedimientos irregulares frente a menores de edad y mujeres. La sentencia confirma la condena, aunque también casa positivamente el recurso respecto la absolución a tres de los imputados por no participar en ellos.
El 16-03-2026, el tribunal condenó a Juan Carlos Ruiz ya la pena de 25 años de prisión por considerarlo coautor funcional de los delitos de imposición de torturas seguidos de muerte en 65 oportunidades y a Horacio Martín Galíndez a la pena de 25 años de prisión por considerarlo coautor funcional de lo delitos de imposición de torturas reiteradas en 88 oportunidades y tortura seguida de muerte en 65 oportunidades, todos ellos en concurso ideal, en lo que se denominó como "Masacre del Pabellón 7mo" del 14-03-1978 en Devoto, declarando los hechos como graves violaciones a los DDHH e imprescriptibles.
El mismo Tribunal resolvió absolver a Gregorio Bernardo Zerda por los delitos que se le imputaban.
Los hechos más relevantes se centran en la violenta represión ejecutada por autoridades del Servicio Penitenciario Federal el 14 de marzo de 1978 en el Pabellón Séptimo de la Unidad 2 de Villa Devoto, iniciada tras un altercado disciplinario la noche anterior. Personal jerárquico ordenó una requisa numerosa y agresiva que, tras ser repelida por los internos, derivó en el cierre del pabellón y el disparo masivo de gases lacrimógenos y armas de fuego contra los detenidos en condiciones de absoluto encierro y hacinamiento. Esta agresión provocó un incendio voraz que las autoridades omitieron sofocar, impidiendo incluso el ingreso de bomberos, lo que resultó en la muerte de 65 personas por asfixia, quemaduras y disparos. Finalmente, los sobrevivientes fueron sometidos a nuevos tormentos físicos al salir del lugar antes de ser trasladados a celdas de castigo sin atención médica inmediata, hechos calificados judicialmente como graves violaciones a los derechos humanos.
Resolución de competencia en denuncia contra la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por ordenar un operativo de la PFA en el Congreso donde se ejerció violencia contra manifestantes. La CSJN declara la competencia del Juzgado Federal n° 8 por tratarse de una investigación sobre la conducta de una ministra nacional en ejercicio de sus funciones.
Por la desaparición de Adolfo Garrido y Raúl Baigorria en 1990 en Mendoza tras ser detenidos por la policía, el juez dictó una sentencia interlocutoria en la que dispuso la clausura de la instrucción formal, la elevación de la causa a juicio contra 16 imputados y el sobreseimiento de otros 2 encausados.
El 13 de enero de 2021, en el sector de adaptación de la Unidad Penal N.º 6 de Corrientes, el interno Héctor Ezequiel García fue reducido, esposado y trasladado por agentes del Servicio Penitenciario Provincial. Mientras se encontraba inmovilizado, los agentes Víctor Andrés Molina y Héctor Osvaldo Ortiz le propinaron golpes en distintas partes del cuerpo, provocándole un traumatismo encéfalo-craneanal grave y politraumatismos que ocasionaron su fallecimiento ese mismo día en el Hospital Escuela.
Por estos hechos, el Tribunal Oral Penal N.º 1 de Corrientes condenó a Molina y Ortiz a prisión perpetua, como coautores del delito de tortura seguida de muerte, previsto en el artículo 144 ter, inciso 2.º, del Código Penal. En cambio, Ramón Ruperto Gómez, Ricardo Samuel Páez, Marcelo Cristian Alegre, Rubén Matías Camaño Castillo, Francisco Gómez y Lucas Nicolás González fueron absueltos por insuficiencia probatoria respecto de su presunta participación en los hechos.
El Tribunal Superior de Justicia de Río Negro, declaró inadmisibles los recursos extraordinarios interpuestos por las defensas de Andrea del Carmen Henríquez, Vilmar Alcides Quintrel y Jorge Luciano Sosa.
Las condenas previas establecieron que Sosa y Quintrel participaron activamente en una golpiza que causó la muerte de la víctima, Daniel Gatica, mientras este se encontraba bajo custodia en carácter de detenido. Por su parte, la coimputada Henríquez fue condenada a la pena de 4 años y 6 meses de prisión por el delito de omisión funcional dolosa de evitar la tortura, al determinarse que poseía la capacidad material y jurídica para intervenir eficazmente y cesar la agresión prolongada pero decidió no lo hacerlo.
El tribunal desestimo los recursos extraordinarios por dos motivos. En primer lugar, porque encontró varios errores en la confección de las carátulas y los escritos. En segundo lugar, porque las defensas no explicaron de manera suficiente por qué consideraban incorrecta la decisión que se estaba cuestionando.
En el marco de la causa iniciada en Neuquén por la muerte de Sergio Pelozo Iturri tras hechos de violencia institucional ejercidos por personal penitenciario en la Unidad 9, la Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó el recurso de queja interpuesto por la defensa de Carlos Roberto Vergara (con remisión al art. 280 del CPCCN). De este modo, quedó firme la condena dictada oportunamente por el Tribunal Oral Federal de Neuquén y revisada por la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal.
La Corte IDH condenó a Venezuela por la desaparición forzada de corta duración, detención ilegal y tortura de los hermanos Guevara en 2004 por agentes del CICPC y DISIP, declarando nulo el proceso penal posterior por cosa juzgada fraudulenta, afectación a la garantía de juez natural; y ordenando su libertad.